En relación con la reforma laboral, el plenario de la CGT Regional Corrientes resolvió -por unanimidad- el rechazo absoluto al proyecto que se discute en el Congreso; al considerar que implica un “retroceso significativo en materia de derechos salariales, laborales y condiciones de trabajo”.

Este miércoles, presidido por el secretario general Guido Tello, se reunió el plenario del Congreso General del Trabajo, Regional Corrientes, integrada por más de 60 sindicatos de trabajadores estatales y del sector privado de todos los rubros productivos y de servicios.

La CGT Regional Corrientes exigió responsabilidad institucional y compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores a los diputados nacionales por Corrientes Nancy Sand, Christian Zully, Raúl Haddad, Virginia Gallardo, Diógenes González, Lisandro Almirón y José Tournier, así como a los senadores nacionales Carlos Mauricio Espíndola, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela.

Los trabajadores organizados también peticionan al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, que instruya a los Legisladores nacionales que “no conviertan los derechos de los trabajadores en moneda de cambio” en negociaciones vinculadas a “excedentes de coparticipación, Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o fondos discrecionales destinados a la caja provincial, a cambio de respaldar esta flexibilización laboral en el Congreso”.

FUNDAMENTOS DEL RECHAZO A LA REFORMA LABORAL

La CGT Corrientes rechaza el proyecto de flexibilización laboral por los siguientes motivos:
● Limitación de la ultraactividad: se pretende darles culminación a los acuerdos en los convenios colectivos (que cada paritaria vuelva a discutir lo acordado)
● Indemnización por Despidos: limitar y disminuir lo que hoy estipula la Ley (un sueldo por año trabajado)
● Fondo de cese laboral: se desvincula a la Empresa de cualquier pago de indemnización, trasladando la responsabilidad a las compañías de seguro.
● Vacaciones: condicionar a que cada tres años se puedan tomar vacaciones en verano
● Banco de horas: el pago de horas extraordinarias se cambia por francos compensatorios y manejo discrecional de cuantas horas y que horarios se debe trabajar: flexibilización encubierta del empleo formal.
● Bajo el título de “modernización” se intenta simplificar resoluciones de conflictos laborales con herramientas digitales, que nada tienen que ver con la mayor generación de empleos.
● Facilita el fraude laboral, la intermediación irregular, la tercerización irresponsable y fomenta el empleo en negro.
● Promueve la informalidad al quitar las sanciones a los empleadores que no registran trabajadores.
● Rechazo a la extensión de los periodos de prueba y la falta de cobertura de seguridad para quienes trabajan mediante aplicaciones o plataformas digitales y casas particulares.
● La introducción de “salarios dinámicos e inestables”, licuará los haberes reales.
● Rechazo a la baja del sueldo y de la categoría de un trabajador que regresa de una licencia médica con tareas livianas.
● Viola el Artículo 14 bis y el principio de progresividad al representar un retroceso regresivo en derechos adquiridos que no pueden ser eliminados por ley
● Rechazo al pago de juicios laborales en 12 cuotas, lo que licúa las reparaciones y premia al empleador incumplidor.
● Rechazo a la disolución de la Justicia Laboral.
● La restricción del derecho de huelga es inconstitucional.

LOS TRABAJADORES ORGANIZADOS PONEMOS EL LÍMITE

Cada vez que se habla de reforma laboral, de manera discrecional se la plantea en favor del capital y en contra del esfuerzo del trabajador.

Se utilizan conceptos vacíos como “modernización” -tal como ocurrió durante la dictadura, en la década de 1990 y en los años 2000- para favorecer al capital y perjudicar al trabajador.

Estas políticas buscan transferir mayores ganancias y niveles de riqueza al capital concentrado, a costa de la reducción salarial, precarización laboral, pérdida de derechos y el deterioro de la calidad de vida de las familias trabajadoras.

El trabajo no registrado es presentado de manera falaz como una consecuencia del supuesto exceso de derechos laborales, responsabilizando a los trabajadores organizados y representados por los sindicatos, cuando en realidad es el resultado de prácticas empresariales irregulares y de la ausencia de controles efectivos.

Los trabajadores y trabajadoras organizados y sindicalizados, conscientes de nuestra fuerza colectiva y de nuestra responsabilidad histórica, rechazamos este nuevo proyecto de flexibilización laboral que solo traerá más desigualdad social, menos derechos laborales, mayor precarización salarial y laboral, una mayor transferencia de riqueza hacia el capital concentrado y una menor calidad de vida para los trabajadores y sus familias.

Las centrales sindicales, los gremios y las organizaciones de trabajadores somos garantes del equilibrio necesario en los espacios de negociación salarial y de búsqueda de mejores condiciones laborales.

Cuando se ataca y se demoniza al sindicalismo desde sectores del capital concentrado, es porque constituye el principal instrumento que poseen los trabajadores para defender sus derechos y las reivindicaciones conquistadas a lo largo de la historia, como el trabajo registrado y el ascenso social.

Además, esta nueva reforma laboral se discute actualmente en un marco de debate unilateral: solo el Gobierno nacional y el capital concentrado, dejando fuera de la discusión a las centrales gremiales y a los sindicatos que representan a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras. También se excluye a las pequeñas y medianas empresas, responsables de la generación de más del 70 % del empleo en la Argentina.