El plazo empezó a correr, son 14 días, pero hasta el momento en el gobierno se sigue leyendo la letra fina del fallo de la jueza Loretta PrescK, que ordena al gobierno de la Argentina entregar el 51% del paquete accionario de la empresa YPF vinculado al pago de 16.000 millones de dólares en un reclamo de los bonistas del grupo Burford.

Tanto la secretaria legal y técnica María Ibarzábal Marfi como el subprocurador del Tesoro Julio Comadira, especialista en arbitrajes en el marco del CIADI, están con este trabajo. Hasta ahora no se sabe cuál va a ser el momento de la presentación.

Desde el exterior realizan recomendaciones para que haya una negociación, para que las partes se reúnan y observen cómo pagar la sentencia. Para hasta ahora se desconoce si el gobierno argentino va a realizar esta alternativa o confiará en que solo la apelación devuelva la posibilidad de tener éxito en su reclamo.

El gabinete no se reunía desde el pasado mes de junio y entre las presencias más destacadas se encontraron, además del jefe de gabinete, que mañana no va a asistir al Senado para completar su informe porque considera que esta ya es una tarea realizada hasta el ministro de Economía y el presidente del Banco Central.